Paralelo a esto, el Gobierno de Daniel Ortega de la mano de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la construcción de un canal que atravesará a este país, con el fin de comunicar Asia con el mercado occidental por vía marítima, algo que le puede representar ingresos sin precedentes al país centroamericano. El proyecto tendrá una duración de aproximadamente 15 años y se estima un costo de unos 40.000 millones de dólares, costo que seguramente será patrocinado en gran medida por China, que ha tenido intenciones de realizar este proyecto desde hace algunos años.
Nicaragua intentará por todos los medios posibles obtener la mayor cantidad de mar que se le permita, 57.000 kilómetros cuadrados de este parecen no ser suficientes, esto con el fin de que a la hora de hacer el canal, los buques puedan navegar sin ninguna clase de problemas hacia su destino comercial. El gran conflicto es la manera de reclamar estos territorios marítimos, que han pertenecido a Colombia por más de 200 años, y que han sido ratificados como propios del Estado colombiano en varias ocasiones. Sin embargo, esto parece importar poco al Gobierno nicaragüense, que solo tiene aspiraciones expansionistas, y ha desembocado en lo que podría representar un próximo conflicto mundial, ya que algunos países interesados en la construcción del canal (entre ellos Rusia) han expresado su apoyo incondicional a Nicaragua si llegara a presentarse un conflicto bélico.
“Nosotros tenemos acuerdo de cooperación para evitar el tráfico de ilícitos en el mar Caribe con los Estados Unidos y también coopera con nosotros el Servicio de Control de Drogas de la Federación de Rusia”En líneas generales el gobierno nicaragüense quiere por todos los medios posibles reclamar la cantidad de mar que le sea posible por medio de una nueva demanda realizada en contra del gobierno colombiano, lo que le permitirá a futuro contar con la construcción de un canal que le generará entradas de dinero sin precedentes para la historia del país, conectando el mercado asiático con este continente de manera más eficiente y generando las ganancias que son propias de un canal, sin tener ningún tipo de inconvenientes en cuestiones de limitaciones con otros estados.
Varios hechos reafirman las intenciones de tipo
expansionista de Nicaragua y su firme deseo de construir un canal que conecte
el mercado occidental con el oriental. Una de las jueces que aprobaron el fallo
el pasado 19 de noviembre es de origen chino. Su nombre es Xue Hanqin y fue
denunciada por Noemí Sanín, excanciller del país, ya que esta alegaba que tenía
"conflicto de intereses", lo cual no fue compartido por el Gobierno
colombiano y desembocó en su renuncia. El problema de esto es que uno de los
países con más intereses en la construcción del canal es China, habiéndolo
apoyado desde ya hace varios años, por lo cual se dice que una persona de
origen de este país no están en posición de dar un fallo, debido al conflicto
de intereses que pueda presentar y la relación que hay en el caso. Se rumora
que el Gobierno nicaragüense tiene firmes intenciones de dar permisos a
empresas petroleras para que inicien exploraciones a mar abierto, ya que esta
puede ser una zona de gran afluencia de pozos petroleros, sin embargo el
Gobierno de Ortega niega estas declaraciones.
Paralelo a esto, el gobierno de Daniel Ortega ha entrado en una nueva disputa por reclamar territorios marítimos, esta vez con Costa Rica, con la cual tiene un pleito que también está bajo una demanda ante la CIJ, en donde el Estado nicaragüense alega que la Isla Portillos es de su propiedad, conllevando esto a que su límites marítimos sean aún de mayores dimensiones. Esto demuestra también el afán que tiene este Gobierno de reclamar la mayor cantidad de mar posible, lo que beneficiaría de manera notable los intereses ya mencionados acerca del canal, en cuanto a que a más cantidad de mar obtenido, el país centroamericano va a tener mayor libertad de transporte de los barcos que atraviesen por esta región, sin necesidad de que los barcos en cuestión pidan permisos a países vecinos para realizar el transito ni nada por el estilo. La ventaja de esto es que tendrán control de toda la zona, agregando que además tendrán la ventaja de que en estas zonas la explotación petrolera parece tener futuro, en días pasados el Gobierno nicaragüense admitió que realiza operaciones en las zonas otorgadas por la CIJ
Para Daniel Ortega este proyecto entra dentro de las
prioridades de su Gobierno, ya que sería el impulso económico más grande de la
historia de ese país, sin embargo el deseo expansionista raya con pretensiones
descaradas de adquirir terrenos marítimos que no le han pertenecido a lo largo
de la historia. “Estamos trabajando en la construcción de este sueño y si Dios
quiere tendremos Canal por Nicaragua” indicó el
presidente de Nicaragua.Paralelo a esto, el gobierno de Daniel Ortega ha entrado en una nueva disputa por reclamar territorios marítimos, esta vez con Costa Rica, con la cual tiene un pleito que también está bajo una demanda ante la CIJ, en donde el Estado nicaragüense alega que la Isla Portillos es de su propiedad, conllevando esto a que su límites marítimos sean aún de mayores dimensiones. Esto demuestra también el afán que tiene este Gobierno de reclamar la mayor cantidad de mar posible, lo que beneficiaría de manera notable los intereses ya mencionados acerca del canal, en cuanto a que a más cantidad de mar obtenido, el país centroamericano va a tener mayor libertad de transporte de los barcos que atraviesen por esta región, sin necesidad de que los barcos en cuestión pidan permisos a países vecinos para realizar el transito ni nada por el estilo. La ventaja de esto es que tendrán control de toda la zona, agregando que además tendrán la ventaja de que en estas zonas la explotación petrolera parece tener futuro, en días pasados el Gobierno nicaragüense admitió que realiza operaciones en las zonas otorgadas por la CIJ
La oposición del gobierno de
Ortega se pronunció en días anteriores, respaldando de manera incondicional la
nueva demanda impuesta por ese país a Colombia, reclamando más de 350 millas
náuticas al país colombiano, resaltando esto el afán que hay por parte de todo
el pueblo nicaragüense de construir el canal a como dé lugar. Todo esto
teniendo como base de su argumento que es un derecho del país centroamericano,
debido a su ubicación, tener estos territorios marítimos. Sin embargo esto no
es más que un nuevo destello de su deseo expansionista, debido a que desde que
se firmó en 1928 el tratado Esguerra-Bárcenas, Nicaragua no había tenido
intenciones de reclamar estos territorios, sino hasta que se presentó la
oportunidad de construir un canal que pudiera ser controlado por ellos mismos y
generara ganancias descomunales a este país, pudiendo esto generar competencia
al ya funcional Canal de Panamá. Esto no preocupa a Fernando Núñez, canciller
de Panamá, quien afirma que el
Canal de Nicaragüa no se podría llegar a construir por las condiciones
territoriales. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció ante la nueva demanda
de Nicaragua, declarando que no se puede permitir que el país centroamericano,
por medio de estas demandas, extienda de esa manera su plataforma continental,
ya que no tiene fondo legal y sólo demuestra su sed de expansionismo, “pasando
por la cama marina de San Andrés y llegando a situarse justo en frente de
Cartagena (…) Aquí hacemos ese análisis y traemos las normas jurídicas para
decir: por favor la división de aguas que incluye también la plataforma
continental no debería Colombia aceptar y debería notificar a la Corte, desde
ya, que lo único que se acepta es aquello que quedó consignado en el tratado
Esguerra-Bárcenas de 1928”. Históricamente tampoco tienen sentido las
pretensiones de Nicaragua de expandir sus límites marítimos, esto debido a que
en 1803 cuando Colombia era el Virreinato de la Nueva Granada, se decretó
mediante una Real Orden de la Corona Española que las islas y los cayos
pertenecen a Colombia, lo que demuestra una vez más que desde su fundación
estos territorios han pertenecido a nuestro país y no a Nicaragua.
Se cuestiona ( entonces) una vez más sobre el manejo que se le dé al litigio entre Colombia y Nicaragua por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, teniendo como base la historia que ha tenido este caso y las ya mencionadas intenciones expansionistas del país centroamericano. Es tiempo de dar fin a este enfrentamiento, ya que de alargarse se corre el riesgo de entrar en un conflicto de mayor calibre, y el fallo debe ser a favor de Colombia. ¿Estaría dispuesto el Estado colombiano a entregar otras 350 millas náuticas de su territorio? Seguramente no, y sería impensable, ya que las consecuencias serían terribles en materia económica para nuestro país. No se debe permitir bajo ninguna circunstancia que se nos sea arrebatado este territorio y para esto el Estado debe presionar por medio de su canciller María Ángela Holguín con todos los argumentos que se tienen en la mesa para que este fallo le favorezca a Colombia.
