Teniendo como apoyo la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia el pasado 12 de noviembre del 2012, en la cual se le concedió a Nicaragua la soberanía de algunas zonas marítimas que antes pertenecían a Colombia, el Gobierno nicaragüense decidió volver a demandar, según ellos con el fin de "terminar de definir los espacios marítimos de Nicaragua que limitan con
Colombia en el Caribe, sin perjuicio de los derechos de terceros estados". Sin embargo en la demanda solicitaron a la CIJ que se delimitaran sus fronteras marítimas más allá de las 200 millas náuticas, significando esto que van por más mar del que se les concedió en el fallo de La Haya.
Paralelo a esto, el Gobierno de Daniel Ortega de la mano de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la construcción de un canal que atravesará a este país, con el fin de comunicar Asia con el mercado occidental por vía marítima, algo que le puede representar ingresos sin precedentes al país centroamericano. El proyecto tendrá una duración de aproximadamente 15 años y se estima un costo de unos 40.000 millones de dólares, costo que seguramente será patrocinado en gran medida por China, que ha tenído intenciones de realizar este proyecto desde hace algunos años.
Nicaragua intentará por todos los medios posibles obtener la mayor cantidad de mar que se le permita, 57.000 kilometros cuadrados de este parecen no ser suficientes, esto con el fin de que a la hora de hacer el canal, los buques puedan navegar sin ninguna clase de problemas hacia su destino comercial. Por otra parte, una de las jueces que aprobaron el fallo el pasado 19 de noviembre es de origen chino. Su nombre es Xue Hanqin y fue denunciada por Noemí Sanín, excanciller del país, ya que esta alegaba que tenía "conflicto de intereses", lo cual no fue compartido por el Gobierno colombiano y desembocó en su renuncia.
Se rumora que el Gobierno nicaragüense tiene firmes intenciones de dar permisos a empresas petroleras para que inicien exploraciones a mar abierto, ya que esta puede ser una zona de gran afluencia de pozos petroleros, sin embargo el Gobierno de Ortega niega estas declaraciones.